La crisis como referencia 

La flexibilización gradual de las medidas de res­tricción que se establecieron en el país como consecuencia de la emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus comenzó a traducir­se en algunos signos alentadores para la producción. Por ejemplo, creció el porcentaje de utilización de la capacidad industrial instalada y aunque el nivel es to­davía muy bajo respecto del año anterior, el incipiente repunte hace que el sector se aproxime al parámetro de la etapa prepandemia, es decir cuando el único fac­tor disruptivo era la crisis económica.

Puede que resulte una simplificación grosera, pero el movimiento industrial (lo que no significa necesaria­mente la producción industrial) está volviendo al punto de parti­da. Un período que tampoco era bueno, pero que al menos estaba exento de la tragedia que sobrevi­no con el virus.

Aunque paradojal, la novedad se funda en datos negativos, pero que implican un paso adelante en el proceso de recuperación. En síntesis, el país está un poquito mejor en el aprovechamiento de las instalaciones industriales, lle­gó al 53,3% en junio.

La cifra fue divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y es elocuente, casi la mitad de la capacidad para pro­ducir que tiene la Argentina no se utiliza. Es material ocioso. Así de grave es la situación y estuvo peor. Por eso la tenue mejoría que arroja la última lectura ya es una señal de esperanza.

En concreto, la noticia dice que la utilización de la capacidad instalada en la industria en la Argentina se ubicó en 53,3% en junio, lo que representa una suba de casi siete puntos porcentuales respecto a mayo, ya que ese mes el índice se ubicó en 46,4%. Este número negativo se explica en la paralización que ocasionó la prolongada cuarentena.

No obstante el 53,3% de junio está lejos todavía de representar un logro. Comparado con junio del año pa­sado, significa 5,8 puntos porcentuales menos, ya que a mitad de 2019 el aprovechamiento industrial llegaba a 59,1%. En aquel tiempo, de efervescencia electoral, golpeaba con fuerza la crisis económica que se acentuó en el segundo semestre y continuó aun con el cambio de gobierno nacional.

Por eso no es descabellado señalar que el uso de la capacidad industrial está regresando, de a poco, al nivel que tenía antes de la pandemia, cuando sólo gobernaba la crisis.

Ahora bien, iniciar el camino hacia la superficie no significa haber superado el cuadro de asfixia, gran par­te del sector productivo se encuentra ahogado y sin po­sibilidades de reacción en lo inme­diato. Es más, las secuelas podrían extenderse por bastante tiempo.

Esto explica por qué el progra­ma asistencial del Estado nacio­nal para que las empresas puedan pagar salarios a sus trabajadores es indispensable. Los números ofi­ciales son un buen reflejo de esa realidad. Según informó la Afip, en la cuarta fase más de 70% de las empresas que se anotaron en el programa de Asistencia al Tra­bajo y la Producción (ATP) recibi­rán algunos de los instrumentos disponibles, por lo que 1,8 millón de trabajadores que cumplen tareas en 200.000 firmas podrán acceder al pago de salarios subsidiados.

El detalle es el siguiente: 1,4 millón de empleados van a acceder al salario complementario a través de 135.000 empresas y otros 400.000 trabajadores de unas 65.000 empresas serán asistidos a través de un crédito subsi­diado a la empresa empleadora.

Es una medida para la emergencia, como el IFE que se paga a monotributistas y autónomos, pero no pue­de ser un herramienta permanente. Es indispensable abandonar el modelo del subsidio y recuperar la acción productiva. Para ello se necesita un plan. Tal como se dijo en esta misma columna en la edición de ayer, hace falta un objetivo y un programa.